Lorena de Garza, diputada del PRI en Nuevo León, presentó una iniciativa con la que busca hacer reformas a la Constitución local para que personas con antecedentes penales no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
Entre los antecedentes penales que resalta esta iniciativa de reforma están la agresión de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra la mujer en cualquiera de sus modalidades, así como deudores alimentarios morosos y el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.
“Estamos proponiendo una reforma a seis artículos para que los hombres o las personas que tengan un antecedente por agresión, acoso o que sean deudores alimentarios, que tengan una sentencia por violencia física contra las mujeres, no puedan ostentar ningún cargo público”, explicó la legisladora.
Dicha propuesta busca combatir la violencia de género en el ámbito político y público.
